Aforados

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“En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa”. Antonio Machado

España posee el récord de aforados: 10.000, frente a ninguno en Alemania El Confidencial

D. Manuel Muela   Vozpópuli

Autor: D. Manuel M. Gómez del Castillo

Catedrático de Derecho Penal.

Con la palabra “fuero” (del latín forum, que significaba “plaza pública” y, por extensión, “tribunal ejerciente en ella”) se designó, durante la Edad Media los derechos o privilegios que se concedían a personas, ciudades y territorios, así como el conjunto de los mismos y su transformación y compilación en normas jurídicas. Con dicho sentido se utilizó para designar, a partir del siglo XIII, los Fueros de los reinos cristianos (Fueros generales de Aragón, Castilla, Navarra, Valencia o Vizcaya, además del denominado Fuero Juzgo o Liber iudiciorum), y, con anterioridad, los llamados Fueros municipales (Cuenca, Jaca, León, Madrid, Sepúlveda, Soria o Zamora), emparentados con los statuts municipaux franceses, los statuti italianos, o los Weichbild alemanes. Y, aun cuando, ya en el siglo XX, en un determinado momento, también se utilizó el vocablo con ese sentido compilador al que nos referimos (Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo), no cabe desconocer que es, precisamente, el original significado medieval (derecho o privilegio) el que ha trascendido en nuestros días.

Por esta razón, en la actualidad, se suele entender, por “aforamiento”, la acción y el efecto de “aforar”, es decir, la actividad y el resultado de hacer “aforado” a una persona (o, rectius, a un cargo) mediante la concesión de un cierto derecho o privilegio (esencialmente, en materia de jurisdicción); y, por ello, también se suele entender, por “aforado”, la persona o cargo que goza de algún “fuero” (privilegio o derecho) en materia de jurisdicción (aunque, como veremos posteriormente, no todos los aforamientos traen como causa el otorgamiento de derechos o privilegios, respondiendo realmente a otras motivaciones diferentes).

Ahora bien, ¿Quiénes son, o están, aforados actualmente en España en el ámbito penal?, ¿por qué lo están?, ¿con qué alcance? A despejar dichas interrogantes se dedican los apartados siguientes.

En el ámbito del derecho penal (como parcela del denominado “derecho sancionador” -penal, administrativo y disciplinario-), el aforamiento alcanza a una serie de personas, o, insistimos, más correctamente a una serie de cargos, que cabe relacionar o catalogar en tres grupos distintos en razón de su encuadramiento en alguno de los tres poderes clásicos alumbrados por Montesquieu.

Así, y en primer lugar, gozan de aforamiento el Presidente del Gobierno, y los miembros de éste (Ministros), de cuyos procesos por delitos sólo conocerá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 C y art. 57.1.2º LOPJ), y también los Presidentes de los Gobiernos Autonómicos, y los miembros de estos gobiernos (Consejeros), de cuyos procesos por delitos conocerá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en razón de lo que determinen los Estatutos de Autonomía (arts. 57.1.2º y 73.3.a LOPJ).

También, y en segundo lugar, gozan de aforamiento los Presidentes del Congreso y del Senado, y los Diputados y Senadores, de cuyos procesos por delitos conocerá igualmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 C y art. 57.1.2º LOPJ), así como los presidentes de los Parlamentos autonómicos, y sus propios parlamentarios, de cuyos procesos por delitos conocerá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en razón de lo que deter-minen los Estatutos de Autonomía (arts. 57.1.2º y 73.3.a LOPJ).

En tercer lugar, están aforados el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Supremo, el Presidente del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los Magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, el Fiscal General del Estado, y los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que responderán penal-mente, en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 57.1.2º y 3º LOPJ en relación con el art. 119.1 LECR, y el art. 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3.10), o, cuando se trate de procesos por delitos contra los Presidentes de Sala, o contra todos o la mayoría de los magistrados de una Sala del Tribunal Supremo, ante su Sala Especial (art. 61.1.4º LOPJ). Igualmente, están aforados también todos los Jueces, Magistrados y Fiscales, de cuyos procesos penales conocerán las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia siempre que dicha atribución no corresponda a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 73.3.b LOPJ).

Por último, y fuera ya del marco propio de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) del Estado, tienen asimismo aforamiento el Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas, el Presidente y los Consejeros del Consejo de Estado, y el Defensor del Pueblo que responderán penalmente, en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 57.1.2º LOPJ en relación con el art. 35 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12.5, y con el art. 6.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 5.4) [y hay que sobrentender que también lo tendrán los Defensores de las Comunidades Autónomas, de cuya responsabilidad penal conocerán las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en razón de lo que dispongan los Estatutos de Autonomía (art. 73.3.a LOPJ).

Respecto a los miembros de los Gobiernos y Parlamentos autonómi-cos, de cuyos procesos por delitos conocerán, según hemos afirmado antes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en razón de lo que determinen los Estatutos de Autonomía, hay que establecer (limitando esta exposición a nuestra Comunidad Autónoma) lo siguiente:

1. la responsabilidad penal del Presidente de la Junta de Andalucía sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 40.1 y 50.1 EA, Ley Orgánica 6/1981, de 30.12);

2. la responsabilidad penal de los Consejeros de la Junta de Andalucía sólo será exigible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción propia, y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para los delitos cometidos en el resto del territorio de España (art. 40.1 y 50.1 EA, Ley Orgánica 6/1981, de 30.12);

3. la responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Parlamento de Andalucía sólo será exigible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para los delitos cometidos en el territorio de la Comunidad, y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para los delitos cometidos en el resto de España (art. 26.3 y 50.1 EA, Ley Orgánica 6/1981, de 30.12, en relación con el art. 11 del Reglamento del Parlamento de Andalucía de 18/20.04.95)8;

4. la responsabilidad penal del Defensor del Pueblo Andaluz, y la de sus Adjuntos, será exigible en los mismos términos que la del Presidente y los miembros del Parlamento de Andalucía (art. 1.1 y 3, Ley 36/1985, de 6.11, reguladora de las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las Comunidades Autónomas, en relación con los arts. 6 y 8.4 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y los arts. 1.3 y 2.1 y 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz de 1985).

Una vez expuesto el sistema de aforamiento existente en España en el ámbito penal, hay que precisar el alcance de estos aforamientos (para, con posterioridad, establecer su causa y finalidad).

El alcance, a nuestro juicio, es muy claro. La regla general en el ámbito penal (para el ámbito civil, vid. arts. 56.2º y 3º, 61.1.3º, y 73.2.a y b, LOPJ) es la del “aforamiento absoluto”, es decir, el llevar a órganos ad hoc (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia) el conocimiento de todos los delitos (sean o no cometidos en el ejercicio del cargo) [excluyéndose de ello solamente a los jueces, magistrados y fiscales, operantes en las demarcacio-nes provinciales y municipales de la Administración de la Justicia (vid. art. 73.3.b LOPJ), que sólo responderán por los delitos cometidos en el ejercicio de su profesión (“aforamiento impropio”).

Respecto a la razón de ser de los aforamientos (absolutos, también calificados por la doctrina como “propios”, “estrictos” o “verdaderos”), no cabe desconocer que, en la actualidad, su existencia está asentada, no en los antiguos conceptos pensamiento este claramente superado y caduco, sino en la idea de la “garantía” de justicia.

En este sentido, no resulta difícil comprender que, por la relevancia política de los cargos citados, el enjuiciamiento criminal de las personas, que los ostentan, puede ser sometido a influencias y presiones, la mayoría de las veces también de naturaleza política, que igualmente pueden afectar, en mayor o menor medida, a la independencia judicial. Y, aun cuando esas influencias y presiones pueden ser ejercidas sobre el órgano jurisdiccional, al margen de su categoría o nivel, es fácil entender que un órgano colegiado las soporta mejor que un órgano unipersonal, habiéndose optado, dentro de aquéllos, por conferir la competencia ratione personae a los tribunales que culminan la pirámide judicial en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal (Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo), lo que, adicionalmente, juega en favor del mantenimiento de la mayor dignidad posible del cargo que se afora.

Por último, es preciso hacer una referencia especial al caso de los Diputados y Senadores (y parlamentarios autonómicos). Existe la idea común de que el aforamiento de los mismos se contrae a los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Ello es erróneo y presupone una confusión entre los conceptos de “aforamiento”, “inviolabilidad” e “inmunidad” parlamentarias. de “derechos” o “privilegios”, pinviolabilidad parlamentaria es una exigencia, derivada de la propia naturaleza, finalidad y funciones de las cámaras legislativas, que implica la total ausencia de responsabilidad penal por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio del cargo; sin ella, es evidente que la total libertad de expresión y de decisión, que requiere el funciona-miento de las cámaras, quedaría amenazada.

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa, con igual fundamento, que supone la protección de la libertad de movimiento del parlamentario, a cuyo efecto se establece la imposibilidad de su retención o detención (salvo en caso de flagrante delito) y la posibilidad de la adopción de medidas para evitar así que se obstaculice, con aquéllas, el normal ejercicio de la función parlamentaria, y todo ello con independencia de si el presunto delito ha sido o no cometido en el ejercicio del cargo; sin ella, también quedaría amenazado el funcionamiento de las cámaras.

Sobre la distinción, entre una y otra figura, puede consultarse la Sentencia del Tribunal Constitucional 243/1988, de 19 de diciembre.

Cuando la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria implica también la exigencia de solicitar y obtener la autorización de las cámaras legislativas para poder imputar o procesar al parlamentario (“suplicatorio”) (lo que sólo está establecido para los Diputados y Senadores, no para los parlamentarios autonómicos), dicha prerrogativa se convierte, a nuestro juicio, en un privilegio inaceptable que no tiene razón de ser (puesto que, para evitar la alteración de la composición y del funcionamiento de las cámaras, que es el argumento justificador que manejan las STC de 22 de julio de 1985 y 27 de noviembre de 1992, bastaría la imposibilidad de adopción de medidas cautelares personales -detención, prisión provisional, etc.- respecto al parlamentario).

Finalmente, el “aforamiento” es un concepto ajeno a la inviolabilidad y la inmunidad, suponiendo el sometimiento ratione personae a un determinado tribunal, que, en el caso de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, opera por cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio de sus cargos.