D. Pedro J. Ramirez

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Tan honorables como intocables

D. Pedro J. Ramirez

Aunque en el restringido aeropuerto de esta página ya no quedan slots para tanto avión cargado de corruptos, he de reconocer que hacía tiempo que no veía un título tan apelativo como el de la columna de Llorenç Riera en el Diario de Mallorca del martes: A Matas le conviene entrar en la cárcel. Su justificación me decepcionó: «Cuanto menos tarde en entrar en prisión, antes saldrá de ella o podrá obtener el tercer grado». Hombre, y cuanto antes te apuñalen por la calle, antes te empezará a cicatrizar la herida. Pero ese neón tintineante tuvo la virtud de recordarme el argumento que empleó Quevedo cuando alegó que el encarcelamiento del duque de Osuna «fue conveniente a su reputación» porque «cuando se paseaba todos decían: ¿cómo no le prenden? y ahora dicen: ¿cómo no le sueltan?».

Al margen de que el expresidente de Baleares contribuyera a labrar su desgracia con esa insensata rueda de prensa en la que celebró que el Supremo «sólo» le condenara a nueve meses y de lo que pueda deducirse de sus demás causas pendientes, es palmario que su ingreso en prisión por tráfico de influencias, al contratar de manera irregular al autor de sus discursos, supone un agravio comparativo respecto a los numerosos condenados a penas similares que, al no tener antecedentes, se benefician de su suspensión. Y es palmario que tampoco Rajoy le ha tratado con equidad si comparamos su caso con el del dirigente de Unió Josep María Servitje, indultado tras una condena de cuatro años y medio por malversación. Conste que si alguien alega que lo lógico es que cualquier pena se cumpla y ningún político pueda ser indultado por sus cuates, tendrá mi respaldo; pero el rasero debe ser igual para todos.

Si Matas hubiera seguido en el redil de Génova, en vez de salir huyendo de la política cuando se quedó al borde de la mayoría absoluta, habría tenido la misma protección que Ana Mato y su Jaguar, o que Rita Barberá, Francisco Camps o no digamos Gallardón, ante la policía, los tribunales y la opinión pública. No quiero decir con ello que me parezca mal que Matas esté imputado por regalar dinero público a la Infanta Cristina y su marido, sino que resulta inaudito que los dos altos cargos valencianos y el entonces alcalde de Madrid no hayan seguido la misma suerte tras haber hecho lo mismo.

Y si de trato desigual hablamos, más flagrante aún es el caso de Bárcenas, que está ya en su segundo año de prisión preventiva bajo la razonable sospecha de que su fortuna oculta es fruto de la corrupción, sin que el mismo juez que parece haber tirado la llave de su celda haya tomado medida cautelar alguna contra Jordi Pujol Ferrusola, a pesar de haber descubierto que ha amasado como mínimo un botín equivalente de forma similar.

Todo indica que la confesión de su padre, atribuyendo el origen de los fondos a la rapiña y herencia del abuelo -aquel pecado original de Banca Catalana-, es una doble cortina de humo, para proteger a sus vástagos con su senectud y para desviar la atención del cobro sistemático de comisiones durante su etapa en la Generalitat: el célebre 3% que Maragall restregó en la cara de Mas. Hoy cobra nuevo vigor el relato de Javier de la Rosa recordando cómo metía materialmente los billetes en los bolsillos de Patufet y en mi memoria resuena la voz de un famoso constructor reproduciendo las primeras palabras que le espetó el Molt Honorable en aquel despacho oficial: «Usted nos debe dinero».

Sólo actuando con los Pujol igual que con Bárcenas podrá Ruz demostrar que la dureza de sus medidas cautelares no obedece a que considere que la única manera de que le dejen perseguir la corrupción en un PP cosido por la omertá -ahí está el último muñeco de la ventrílocua Cospedal que dice que como tesorero no se ocupaba sino del papel higiénico- es tratando implacablemente al único que la ha roto. Ni a que esa prisión preventiva sea en realidad una presión preventiva para que el preso confiese sus delitos, lo que incluiría el mantenimiento de las cuatro imputaciones contra su esposa, a la que sólo se le permite disponer de 300 euros al mes.

Que no quepa el equívoco. A mí no me parece mal que Rosalía Iglesias deba responder por su colaboración en los turbios manejos de su marido y menos aún que Isabel Pantoja y Antonia Martorell fueran condenadas a sendas penas de dos años -que a diferencia de Matas no cumplirán- por ayudar a su novio Julián Muñoz y a su marido Bartomeu Vicens a esconder el fruto de su latrocinio. Y tampoco me convence ninguno de los razonamientos exculpatorios de la conducta de Ana Tejeiro, esposa de Diego Torres, vertidos por su abogado González Peeters en los 122 folios del, por denso y atropellado no menos interesante, recurso de apelación que acaba de presentar ante el juez Castro.

Pero no es en ese texto donde encontramos argumentos del porte de que «cuando una persona está enamorada de otra, confía» o de que fulanita «ha actuado por fe en el matrimonio y por amor». No serían de recibo en el derecho penal. Y si no lo serían para Iglesias, Pantoja, Martorell o Tejeiro, tampoco deberían proteger a Lady Marta Ferrusola y menos aún a Cristina de Borbón y Grecia, mucho mejor preparada que todas ellas. Sin embargo, la maquinaria de un Estado fullero, podrido ya por el moho purulento de sus trampas, lleva camino de lograr que sea esa tesis, acuñada literalmente por su infumable defensor Jesús Silva, la que en el caso de La Intocable -el título del magnífico libro de Inda y Urreiztieta lo resume todo- prevalezca.

Es al poner en evidencia esa protección discriminatoria del Gobierno, la Fiscalía y los tribunales, destinada a tapar el papel crucial de la Infanta en la estafa urdida a través de Nóos y en el disfrute del botín a través de Aizoon, cuando el escrito de González Peeters resplandece con su lógica exuberante, con sus latigazos de brutal sarcasmo:

«¿Quién tenía las relaciones con Telefónica, la Caixa, Iberdrola, BBVA, Abertis y Repsol? ¿El jugador de balonmano? ¿Diego Torres? ¿Quién hacía de relaciones públicas para abrir puertas, conseguir contrataciones para el Instituto Nóos? Tampoco Ana Tejeiro... Cualquier párvulo por infradotado que sea se dará cuenta de que todo procedía de la intermediación de la esposa de Iñaki Urdangarin, vocal del Instituto Nóos y titular del 50% de Aizoon. Si no, ¿a santo de qué?». Este «¿a santo de qué?» lo entiende toda España.

La proliferación de ejemplos del mismo tenor, a cual más sugerente -«¿Se conocieron el jugador de balonmano y el actual ministro de Justicia en una cancha y de ahí su amistad?»... «A Isidre Fainé tuvo acceso directo Iñaki Urdangarin para la compra de la vivienda sin duda por su vínculo con el balonmano, ¿no?»...-, contrasta con la ínfima atención informativa prestada hasta hoy a tan sustancioso escrito.

Un elemental sentido reparador me impulsa a incluir aquí una pequeña antología de las «71 diferencias», de las que levanta acta el recurso, entre la señora de Torres, imputada por tráfico de influencias, y la señora de Urdangarin, exculpada de tráfico de influencias:

«12.- Ana Tejeiro no fue a hablar con un futuro cliente de Nóos, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para desde tan privilegiado puesto, presenciar la cabalgata de Reyes».

«31.- No fue Ana Tejeiro quien le pidió a su padre que hablase con su amigo Aga Khan para que asistiese o enviase a alguien a la Valencia Summit».

«34.- No fue una amiga entrañable del padre de Ana Tejeiro quien propuso presidir la Fundación Laureus».

«37.- No fue en la casa de veraneo de Ana Tejeiro donde tuvo lugar la famosa partida de pádel de Iñaki Urdangarin con Pepote Ballester y Jaume Matas».

«64.- No es Ana Tejeiro quien se fotografía con el presidente de México Felipe Calderón durante su visita a la Zarzuela y poco después emite una factura a Aguas de Valencia a pagar en Suiza por negocios en energías renovables en México».

Dejando traslucir un halo de melancolía, el juez Castro ha reconocido en un auto que este catálogo de diferencias «podría haber sido incluso más abultado», que la exculpación de Cristina por la Audiencia «puede resultar hiriente» y que a Ana Tejeiro «le puede resultar imposible sustraerse al convencimiento de que ha recibido un trato desigual». González Peeters le ha contestado en su escrito que, más que «hiriente», resulta «abominable», «abyecto», «injusto» e «infame».

Pues bien, nadie que recorra sin prejuicios las páginas de La Intocable encontrará este vendaval de adjetivos inadecuado para los sucesivos episodios del escándalo. Empezando por la reunión en la que Rajoy, Gallardón y el Fiscal General Torres Dulce acuerdan con el Rey Juan Carlos la Operación Cortafuegos. Siguiendo por la subsiguiente oposición de la Fiscalía a la primera imputación de la Infanta por algo tan patente a nivel indiciario como el tráfico de influencias. Siguiendo por las presiones sobre la Audiencia de Palma y la prestidigitación de los magistrados Gómez Reino y De la Serna al levantar -caso inaudito- esa primera imputación y abrir el camino salomónico del delito fiscal y el blanqueo. Siguiendo por la manipulación política de la Agencia Tributaria hasta desembocar en un informe exculpatorio, basado en considerar deducibles unas facturas acreditadas como falsas. Siguiendo por las fétidas campañas desatadas contra el juez Castro desde las cloacas del Estado. Siguiendo por las intolerables manifestaciones públicas de Rajoy, no sólo declarándose «convencido de la inocencia de la Infanta», sino convirtiendo a España entera en cómplice de su profecía autocumplida al augurar que «le irá bien». Y terminando por el nuevo recurso de la Fiscalía, plagado de descalificaciones contra el instructor, que permitirá de nuevo a Gómez Reino y De la Serna desimputar a la Intocable.

Tan seguro está del desenlace, que el fiscal del caso Pedro Horrach -atrapado en la red de la obediencia debida y el pulso de egos con el juez- ha llegado a apostarse una cena con un amigo mío a que el pronunciamiento le será favorable. Pero a la vez ha admitido, con lucidez digna de mejor causa, que no logrará convencer «ni a una sola persona» de la procedencia de esa resolución. Según el baremo aplicado al Duque de Osuna, sólo sentándose en el banquillo tendría la Infanta posibilidades de ser absuelta por la opinión pública.

Al margen de que los destaparan los mismos periodistas, los escándalos de los Pujol Ferrusola y los Urdangarin Borbón han tenido como denominador común la explotación del agravio catalán. El ahora ya Molt Deshonorable ha cometido todas sus fechorías envuelto en la senyera y ahí queda la nota dictada al jugador de balonmano para presentar como un «gesto» de la Corona que «los Duques de Palma se instalen con carácter definitivo en Cataluña». Ese denominador común debería ser el primer punto del orden del día de la cita del miércoles en la Moncloa.

El exministro César Antonio Molina dijo que tras leer La Desventura de la Libertad había sentido «bochorno» de ser español. Yo tras leer La Intocable y el escrito tapadera de Pujol siento la suficiente ira como para denunciar con nuevos bríos a los políticos, magnates y jueces sinvergüenzas que infectan nuestra democracia doblando la cerviz, a diferencia de los dignos liberales españoles de antaño, para proteger a una saqueadora con diadema y a un salteador de caminos con coartada identitaria.

El propio Quevedo dejó escrito que cuando «vinieron la Verdad y la Justicia a la tierra, la una no halló comodidad por desnuda y la otra por rigurosa». Mientras la Justicia tuvo que volverse pronto al cielo «y apenas dejó acá pisadas», la Verdad «de puro necesitada, asentó con un mudo». Ya que no está en nuestras manos evitar lo primero, algunos seguimos resueltos a que no suceda lo segundo.